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CA califica de “ridículo” el informe de la secretaria sobre la participación de Beatriz González en la aprobación del Plan

PGOU

Para CA, “no responde a la cuestión planteada, es como hacerse trampas en el solitario”

Para Convergencia Andaluza, “la precipitación, unida a la prepotencia suelen dar malos resultados. Es lo que le ha ocurrido a la Sra. secretaria del Ayuntamiento, Anais Ruiz Serrano, en relación a la solicitud de informe sobre el deber de abstención de la concejal de Ciudadanos Beatriz González Orce en el pleno de aprobación inicial de la revisión del Plan de Urbanismo del pasado día 08-08-2019, por incompatibilidad manifiesta, solicitada por Convergencia Andaluza”.

Tras aportar el grupo andalucista “una detallada relación de los intereses particulares de familiares de la portavoz de Ciudadanos presentados como alegaciones al avance de la revisión del Plan, todos ellos con propuesta de resolución favorable y de la amplia jurisprudencia existente sobre el caso, la Sra. secretaria no se tomó ni un solo minuto de reflexión para responder tajantemente que no había causa de incompatibilidad. Eso sí, sin hacer referencia a jurisprudencia alguna, impartiendo doctrina como un maestro en un parvulario”.
Según indican desde CA, “ha tardado más de un mes en realizar el informe solicitado por Convergencia Andaluza, tardanza comprensible dada la dificultad de justificar lo injustificable”.

Se trata de un informe “completamente inconsistente en el que la Sra. secretaria pretende escabullirse por la tangente sin resolver la cuestión planteada haciéndose trampas en el solitario”.

“Nadie ha planteado que los concejales hubieren de abstenerse en la aprobación inicial del PGOU por el simple hecho de que ellos o sus familiares directos pudieren ser titulares de bienes inmuebles en el término municipal, y por tanto, sólo cabe calificar de ridículo, o política de distracción, el informe que en tal sentido solicitado por la Sra. secretaria al responsable del Catastro Municipal sobre los bienes de los familiares de la totalidad de los miembros de la corporación municipal, que por cierto no habían realizado alegación alguna”, indican desde Convergencia Andaluza.

La cuestión planteada por Convergencia se concretaba en el deber de abstención de una concejala concreta, Beatriz González Orce “en tanto que la propia documentación del PGOU que se sometía a aprobación inicial permitía apreciar que se proponía la estimación total o parcial de alegaciones formuladas por su suegro y su padre, como apoderado, que de ese modo se incorporaban al PGOU sometido a aprobación inicial y que producían singular mejora o beneficio de los terrenos afectados respecto de la ordenación asignada precedentemente mediante la calificación de los mismos. En el caso de su suegro, como suelo urbano no consolidado cuando anteriormente se hallaban adscritos a la condición de no urbanizables de protección parque litoral y de interés paisajístico. En el caso de su padre mediante la inclusión de tales terrenos en Áreas de Incremento de Aprovechamiento urbanístico, cuando anteriormente los mismos carecían de todo aprovechamiento urbanístico materializable por su condición de suelos verdes privados”.

“Insistimos, contrariamente a lo que pretende intencionadamente dar a entender la Sra. secretaria, no hemos planteado el deber de abstención por el hecho de que los concejales, o sus familiares, pudieren tener propiedades en el término municipal”, apostillan.

“Sí, deber de abstención de la citada Sra. concejal por cuanto del documento de PGOU sometido a aprobación inicial derivaban singulares beneficios para terrenos de familiares directos de la misma (afinidad y consanguinidad en primer grado) al incorporar al Plan General propuestas/alegaciones concretas de aquellos que los mejoraban significativamente”, explican.

Y en tal sentido, “nos remitíamos a una extensa doctrina jurisprudencial (SS TS 5 de diciembre de 2007 RJ 2008/94, 18 de diciembre de 2013 RJ 2013/8213,26 de enero de 2016 RJ 2016/447, S TSJ Navarra 29 de marzo de 2010 JUR 2010/219842) que establece dicha exigencia de abstención cuando, como aquí ocurre, se singularizan beneficios claros y manifiestos para personas directamente vinculadas con dicha Sra. concejal como consecuencia de la estimación de alegaciones presentadas por los mismos que lógicamente han determinado parte del contenido del Plan con clara incidencia en el derecho de propiedad que no pueden ser interpretadas de interés general… aunque el Plan tenga esa finalidad, ni el resultado de su estimación puede reputarse como inocuo para el interesado. Y ello aun cuando los instrumentos de planeamiento en tanto en cuanto constituyen disposición de carácter reglamentario satisfagan intereses generales, lo que es perfectamente compatible con el hecho de que estos instrumentos comporten beneficios y desventajas para los particulares”.

Según CA, “además, basta la mera lectura del propio Informe emitido por la Sra. secretaria para apreciar que la propia jurisprudencia que se cita en el mismo no hace más que abundar en el deber de abstención cuando, como aquí ocurre, en el acuerdo se singulariza ventaja o beneficio especial para parientes de la Sra. concejal (tal y como consta en el propio documento de PGOU sometido a aprobación inicial) en cuyo caso es de apreciar un interés personal más allá del institucional”.

Mientras los Tribunales de Justicia determinan sobre el inconsistente informe de la Sra. secretaria, “nos preguntamos ¿quién pagará los platos rotos de los daños producidos por la suspensión general de licencias urbanísticas?”

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